El Gobierno no paga indemnizaciones a inversores extranjeros por el “impuesto al sol” de Mariano Rajoy
El Gobierno español ha decidido no indemnizar a los inversores internacionales afectados por el impuesto al sol durante el mandato de Mariano Rajoy. Esta estrategia ha comenzado a dar frutos, ya que se ha negado a pagar grandes sumas de dinero cuando ha perdido frente a cortes de resolución de diferencias comerciales en todo el mundo. Recientemente, otro tribunal determinó que no tiene jurisdicción para fallar sobre las demandas de dos compañías europeas que reclamaban 72 millones de euros a España por el perjuicio causado por el “hachazo” a las renovables de la década pasada.
El pasado 11 de octubre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) negó las demandas de Sapec SA y European Solar Farms A/S, empresas constituidas en Bélgica y Dinamarca respectivamente. Estas compañías reclamaban a España una indemnización de 72 millones de euros, que no recibirán tras la decisión del CIADI. Según fuentes cercanas a estos litigios, tampoco podrán presentar sus reclamaciones ante tribunales europeos.
El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, ha optado por enfrentar estas demandas internacionales y no pagar en los casos en que los tribunales han fallado a favor de los demandantes. Esta postura se ha mantenido desde que en 2018 se aprobó un decreto para resarcir parcialmente a los inversores afectados. Algunos inversores aceptaron condiciones desfavorables, mientras que otros han optado por litigar contra España en cortes internacionales, con estimaciones iniciales de reclamaciones por un total de 10.000 millones de euros.
Otra corte se inhibe
La postura de España de no pagar los laudos perdidos se ve respaldada por decisiones como la del CIADI, que confirmaron a principios de septiembre. Esta determinación se reafirmó en una reunión entre ministerios para revisar los litigios pendientes. La decisión reciente sobre la falta de competencias para mediar en disputas entre un país y inversores de la UE se suma a otra similar de la Cámara de Comercio de Estocolmo en un caso contra España, que también declaró falta de jurisdicción para resolver conflictos entre actores de la UE.
El Gobierno prefiere evitar hacer comentarios sobre las implicaciones de estas decisiones, ya que podrían abrir la puerta a otros tribunales no europeos que también carecen de competencia para arbitrar este tipo de litigios. Por el momento, las empresas demandantes no podrán recurrir a un tribunal europeo, ya que se ha denegado un laudo internacional en Washington. Los tribunales europeos solo ejecutarán dichos laudos, como sucedió en el caso del Tribunal Superior de Londres, que ordenó el embargo de una sede del Instituto Cervantes como pago de una deuda de inversores en renovables perjudicados por el impuesto al sol. El Gobierno tampoco tiene previsto pagar esta indemnización.