Pere Aragonès se convirtió en presidente de la Generalitat con la promesa de acelerar la implementación de energías renovables en Cataluña. Sin embargo, su gestión en esta área ha sido decepcionante. Según datos de dialEc, solo se han instalado 141,27 megavatios (MW) de energía renovable durante su mandato, aumentando la capacidad total de generación de 3.599,51 MW en mayo de 2021 a 3.740,79 MW en abril de 2024, es decir, un aumento del 4% en tres años.
La mayoría de estos nuevos megavatios pertenecen a proyectos que se tramitaron antes de la entrada en vigor del decreto-ley 16/2019. Solo el 19% de esta nueva potencia, equivalente a 27,09 MW, corresponde a instalaciones presentadas ante la ponencia de energías renovables del Govern –órgano encargado de validar o rechazar las instalaciones verdes de hasta 50 MW– después de la aprobación de dicho decreto-ley.
Este marco legal, impulsado por el expresidente Quim Torra, reemplazó al establecido durante el tripartito. El sector de energías renovables culpaba a esta regulación de la paralización que sufrió la instalación de aerogeneradores y paneles solares durante la pasada década, por lo que acogió positivamente el cambio. Sin embargo, la llegada de ERC a la presidencia modificó la normativa impulsada por Torra, que había revitalizado la inversión en energías renovables en la región.
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<figure><picture></picture><figcaption/></figure></div>Decreto de 2021
Bajo el decreto Torra se presentaron 169 proyectos eólicos con una potencia superior a los 6,5 gigavatios (GW) y 552 proyectos fotovoltaicos en tierras con una potencia de más de 8 GW, sumando en conjunto 14,7 GW de nueva capacidad para ser revisados por la ponencia de energías renovables.
A pesar de este impulso, Aragonès aprobó el decreto-ley 24/2021 con el objetivo de acelerar la transición energética en Cataluña. Sin embargo, este nuevo marco regulatorio modificó aspectos clave del proceso de tramitación de proyectos al obligar a los promotores a abrir su capital a la ciudadanía como requisito para someter el proyecto a consulta pública.
Trámites extensos
Esta medida ha causado retrasos significativos en la burocracia, según indican diversas fuentes consultadas. En el caso de la energía eólica, los plazos son considerablemente largos: el tiempo transcurrido entre la presentación del proyecto en la Generalitat y la obtención de la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previas y de construcción es de 1.109 días, es decir, casi tres años.
Por el contrario, la Generalitat decidió agilizar los trámites para los miniproyectos de hasta 5 MW, una medida interpretada por los promotores como un gesto hacia los opositores de las energías renovables, que prefieren parques de menor tamaño distribuidos por toda la región.
Metas distantes
Debido a esta sucesión de leyes y demoras en la tramitación de proyectos, Cataluña se encuentra muy lejos de alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la propia Generalitat en el documento Proencat 2050. Según este plan, para 2030, el 50% de la demanda eléctrica debería ser cubierta por fuentes alternativas al gas natural y nuclear, aumentando hasta el 100% con energías renovables para 2050.
Actualmente, las energías renovables solo representan el 15,7% de la electricidad generada en la región. Según el Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, durante el año 2023, estas tecnologías sumaron un total de 6.012 GW de potencia en Cataluña, un incremento del 2,2% respecto al año anterior, a diferencia del aumento del 15,1% en el conjunto de España. Las comunidades con mayor crecimiento en generación de energías renovables en 2023 fueron Extremadura (+31,9%), Baleares (+28%), Galicia (+23,9%), Asturias (+20,5%), Castilla-La Mancha (+20,3%) y Aragón (+18,9%).
Para cumplir con el Proencat, sería necesario instalar 12.000 MW más de energías renovables para 2030 y 58.400 MW para 2050 con el objetivo de lograr un sistema eléctrico completamente descarbonizado. Sin embargo, el mix eléctrico en Cataluña sigue siendo altamente dependiente del gas natural y de las centrales nucleares de Tarragona, que suministran más del 70% de la electricidad consumida por hogares y empresas en la región. A día de hoy, los objetivos del Govern están muy lejos de ser alcanzados.