Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el Ciadi ha rechazado la solicitud de anulación presentada por el Gobierno español en este caso, al concluir que el panel de jueces designado por ambas partes no excedió sus competencias en ningún momento, ya que España era signataria del Tratado de la Carta de la Energía cuando implementó las primas renovables y seguía siendo parte del acuerdo cuando las retiró. Esto significa que las empresas afectadas tenían derecho a recurrir al tribunal en base a los compromisos de derecho internacional asumidos por España.
El Estado español ha sufrido un nuevo revés en su lucha contra las reclamaciones de compensación de inversores afectados por la reducción de las primas a las energías renovables impulsada por el Gobierno del PP en 2013. Renergy, con sede en Luxemburgo, presentó su reclamación en 2014 solicitando una indemnización de 152 millones de euros al Estado español. En mayo de 2022, el Ciadi reconoció su derecho a ser compensada con 32,9 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno español se negó a aceptar este fallo y presentó una solicitud de anulación, argumentando que el Ciadi no tenía autoridad para juzgar el caso. España acumula alrededor de 50 procedimientos por recortes en las energías renovables, con 26 laudos finales a favor de los inversores que suman 1.562 millones de euros, más 318 millones en concepto de costas, intereses y honorarios. Las empresas afectadas han comenzado a registrar los laudos en terceros países, solicitando intervención judicial.
En respuesta a los impagos del Gobierno español, los tribunales en Reino Unido han autorizado embargos de activos españoles, incluyendo la sede del Instituto Cervantes en Londres y bienes en el aeropuerto de Luton. En Australia, la Corte Suprema respaldó a los demandantes y reconoció las deudas de España, lo que podría resultar en embargos de activos como la filial de Navantia. Bélgica y Estados Unidos también han tomado medidas en este sentido.
Las empresas afectadas instan a la ministra Teresa Ribera a resolver el problema de impagos y llegar a un acuerdo para poner fin a la litigiosidad y reactivar la inversión verde en España, señalando que la inseguridad jurídica actual no puede continuar.